La semana que concluye hoy marcó un punto de inflexión en Guatemala, donde las contradicciones entre los distintos sectores sociales llegaron a extremos y dejaron en claro la polarización frente a problemas esenciales del país.
La discusión legislativa en torno a las reformas constitucionales al sector justicia, y en particular respecto al artículo 3 del proyecto que pretende modificar el 203 de la carta magna vigente, confirmó una verdad harto conocida: el racismo y la discriminación siguen vivos en esta nación, donde conviven 23 pueblos originarios.
El rechazo a reconocer el pluralismo jurídico y a las autoridades indígenas ancestrales como sujetos de derecho para impartir justicia en sus territorios motivó los debates más enconados durante cinco horas en el Congreso y hasta redundó en el abandono de la sala del plenario por decenas de diputados.
Previo a ello los representantes legales de los pueblos originarios tuvieron que esperar una contraorden para poder ingresar a la sede parlamentaria, tras ser cateados cual posibles criminales.
Mientras, empresarios, ciertos consultores y prensa reiteran prejuicios e insisten en que el análisis sobre el derecho de estas naciones no está agotado y acusan de injerencia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
El ente, establecido por la Organización de Naciones Unidas en Guatemala en 2007 y ahora bajo la dirección del abogado colombiano Iván Velásquez, es el principal artífice del azote contra la corrupción desatado hace dos años.
Asimismo se le atribuye el proceso de institucionalización progresiva del Ministerio Público, que con este respaldo logró fortalecer su credibilidad.
Ello no escapa de la ciudadanía, que reiteró su apoyo a la Cicig y a Velásquez, como antes cuestionó el mantenimiento de la figura del antejuicio, pese a su inclusión en el plan de cambios constitucionales, debatido en primera vuelta en el legislativo a finales de 2016 y ahora entrampado hasta un nuevo análisis.
Tampoco son muchos los convencidos de que los choques de esta semana en el parlamento unicameral sean fortuitos, y menos los repuntes de la violencia en ese ámbito, que dejó una decena de muertos.
El Día de San Valentín de 2017 será recordado con dolor en Guatemala, donde ocurrieron cinco ataques armados en esta capital y en el municipio metropolitano de Mixco, con cinco taxistas muertos.
Pero, además, será inolvidable para familiares y amigos de Carlos Daniel y Ã’scar Armando, de 10 y 11 años de edad, respectivamente, quienes fueron secuestrados cuando iban para la escuela y luego aparecieron hecho cadáveres en dos costales, atados de pies y manos.
El entierro de los dos niños el 14 de febrero devino movilización popular en los Ajuixes, comunidad rural de San Juan Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala, en tanto organismos internacionales denunciaron ante el mundo el grado de vulnerabilidad que acecha a la infancia en este país centroamericano. En Guatemala ‘la violencia alcanza niveles inaceptables. Cada día mueren dos niños y niñas en promedio a causa de la violencia, 40 quedan huérfanos de alguno de sus padres, nacen seis bebés de niñas menores de 14 años producto de una violación’, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Mas la violencia incide igual sobre quienes disienten del orden establecido bajo los cánones del esquema neoliberal, y prueba de ello fue el apresamiento del promotor social maya q´quechi´ Abelino Chub Caal, por su acompañamiento a comunidades cercanas al Lago Izabal y al Río Polochic, en la zona nororiental.
Como suele ocurrir en esos casos, los medios de prensa no se dieron por enterados de la captura del defensor de los derechos humanos, divulgada por el empeño de organizaciones civiles en denunciarla a través de las redes sociales.
Frente a ese panorama y el anuncio de la probable salida de prisión preventiva del hijo mayor y del hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acusados de fraude, casi movió a risa a muchas personas escuchar al mandatario asegurar que le habían llegado rumores de un posible golpe de Estado.
Ello, después de que su vicepresidente Jafeth Cabrera dijera que el aumento de la violencia responde a un intento de desestabilizar al Gobierno, en una Guatemala que reclama mayor efectividad de las autoridades elegidas en una segunda vuelta, tras la ola de protestas anticorrupción en 2015.
Prensa Latina
