Transcurridos más de mil 500 días de haberse prometido a la sociedad un México en paz, cuatro registros informativos de las recientes 24 horas nos pintan el siguiente oscuro paisaje, a saber:
1) Ayer, en un cementerio de Jojutla, Morelos, se iniciaron tareas forenses para rescatar y tratar de identificar 35 cadáveres inhumados de manera irregular en 2014. Ese ejercicio ministerial se vincula al reclamo de 117 cadáveres sepultados, también en 2014, en un depósito clandestino en Tetalcingo, del mismo estado. Esas macabras operaciones fueron denunciadas por familiares de las víctimas.
2) Ayer mismo, en la Ciudad de México, la organización no gubernamental Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, presidida por la señora Yolanda Morán -en ocasión del 22 aniversario de que en Italia se instituyó Memoria y Compromiso con las Víctimas de las Mafias-, 43 organizaciones civiles hicieron sentir su exigencia de contención de la violencia en México.
3) También ayer, representaciones defensoras de los Derechos Humanos plantearon alertas sobre los contenidos de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, en proceso en el Congreso de la Unión, que legalizaría la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de Seguridad Pública, tareas ya definidas por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública como competencia de la autoridad civil.
El cuarto punto de este tema, también colocado en la orden del día de ayer, es el más cuestionable.
Fuerzas Armadas, “institución de instituciones”
La referencia de ese punto, es de observación obligada. Hace unos días, invocando su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas, el presidente Enrique Peña Nieto proclamó a esas corporaciones como Institución de instituciones, de cuya lealtad hizo reconocimiento.
Es también de necesaria precisión, que profesamos profundo respeto a las Fuerzas Armadas, cuya doctrina les impone el servicio de salvaguardas de la Patria.
Es obvio que, dado su régimen disciplinario, los mandos subordinados de las Fuerzas Armadas sólo actúan o hablan por orden o consulta a su correspondiente jerarquía.
Ayer, ofreció una conferencia de prensa el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán Benítez.
En síntesis, el general Beltrán Ramírez, sin nombrarlos, salió al paso de quienes, según su dicho, injurian y ofenden a las instituciones castrenses, a las que, expresó, difaman y agravian.
Señaló el general Beltrán Benítez, que autoridades judiciales nacionales y grupos de expertos desvinculan al personal militar de conductas delictivas que han sido objeto de denuncias públicas.
Vale recordar que, por diversos y específicos casos puntualmente documentados, organizaciones civiles, comisiones de Derechos Humanos domésticas e instancias multinacionales, incluyendo al Departamento de Estado (USA), han hecho observaciones al Estado Mexicano por presunción de violaciones a normas humanitarias en la represión de grupos criminales; acciones, en que las víctimas inocentes son encasilladas como daños colaterales.
Por supuesto, asiste el derecho legítimo al Ejército, a defender la integridad institucional de sus activos frente a denuncias infundadas.
Cuando existen bases irrebatibles en esas imputaciones, incluso los órganos de Justicia Militar (áreas ministeriales y tribunales) emiten regularmente comunicados en los que informan sobre casos y nombres de elementos sometidos a investigación y, en su caso, al proceso respectivo.
Lecturas sesgadas de los dichos por el general Beltrán
El inminente riesgo de la exposición de representantes militares de buena fe ante los medios, sobre todo cuando recurren a un lenguaje críptico, es la lectura maliciosamente interpretativa de sus expresiones.
En el caso comentado, antes de que se secara la tinta de los dichos del general Beltrán Benítez, algunos “líderes de opinión” le pusieron nombre a los supuestos destinatarios de su mensaje. Obviamente, protagonistas beligerantes en el quehacer político en activo.
En esa dirección, huelga decir que, desde hace semanas, en el marco de la sucesión presidencial de 2018, los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Enrique Ochoa Reza y Ricardo Anaya, respectivamente, han activado sus troneras contra adversarios partidistas, so capa de defender a las Fuerzas Armadas.
A ese libreto partidista se acogió recientemente el presidenciable secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Neutralidad institucional, imperativo incuestionable
La pugna por el poder político civil, es derecho inobjetable de los actores civiles. Propiciar que agentes de las Fuerzas Armadas irrumpan en el conflicto entre particulares, no se presta a buenas señales, sobre todo cuando sedicentes guardianes de la libertad están prestos a acarrear agua a los molinos de identificados intereses parciales.
La sucesión presidencial de 2018 galopa sobre una seca pradera. Cualquier irracional está dispuesto a arrojar el cerillo que la incendie.
Las Fuerzas Armadas están para evitar el fuego, no para provocarlo. Imperativo es que esas respetables y respetadas corporaciones mantengan a salvo su neutralidad en el campo político, ya que su misión es, sobre todas las cosas, velar por el interés superior de la Nación y por la integridad de la sociedad. Vale.
Mouris Salloum George
Mouris Salloum George: Director del Club de Periodistas de México A.C.
